Si el debate parlamentario de las más de mil enmiendas parciales al proyecto de LOMLOE no da más de sí, mucho nos tememos que la LOMLOE no logrará el aprobado. No solo no progresa adecuadamente a la vista de las múltiples enmiendas rechazadas por el PSOE, procedentes de los grupos parlamentarios progresistas, empezando por Unidas Podemos, su socio de gobierno; sino que necesita mejorar, y mucho, porque el Ministerio de Educación, con su titular a la cabeza, ha dado la espalda a las principales propuestas que la comunidad educativa progresista, tras largos años de debate, ha plasmado por consenso en el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación y que se le han hecho llegar a la ministra de Educación, Isabel Celaá.
Es cierto que el proyecto de LOMLOE, propuesto inicialmente por el PSOE en solitario, tenía y tiene algunos aspectos positivos, que permitían albergar la esperanza de que, una vez enmendado, pudiese alcanzar al menos el aprobado. Empezando por la derogación de la nefasta y controvertida LOMCE del PP, lo cual supone la eliminación de itinerarios segregadores desde los 13 años; o la supresión de las perversas reválidas, cuyo amplísimo rechazo social obligó al PP a posponerlas sine die; o la recuperación de toda la educación infantil como etapa educativa, desde los 0 a los 6 años; o la devolución de competencias sustraídas a los claustros y consejos escolares de los centros, que habían quedado profundamente devaluados; o la relativa pérdida de peso de la asignatura de Religión. Acabar con éstos y otros tantos aspectos regresivos de la LOMCE era y es sin duda una necesidad imperiosa.
Sin embargo, en su conjunto, el proyecto de Ley sometido a debate adolece de importantes insuficiencias, especialmente en lo que respecta a su tímida apuesta por la educación pública, como eje vertebrador del sistema educativo y como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. De hecho, apenas se avanza nada en la reversión de la privatización de la enseñanza mediante una doble red financiada con fondos públicos, lo que conlleva el reconocimiento y la permanencia tal cual de la enseñanza privada concertada, un negocio mayoritariamente en manos de la jerarquía católica, que es además una constatada vía de segregación escolar, cuando no de prácticas corruptas, como demuestra el caso Púnica. Por no hablar del nulo avance en la laicidad del sistema educativo en general y de la escuela pública en particular, a pesar de los compromisos adquiridos al respecto por el propio PSOE, en sede parlamentaria, a raíz de algunas iniciativas planteadas por UP, como la PNL de 21 febrero 2018, aprobada por mayoría, que instaba al gobierno a derogar los Acuerdos con el Vaticano y otras confesiones para sacar el adoctrinamiento religioso del ámbito escolar.
Por eso consideramos imprescindible que, en el actual proceso de tramitación parlamentaria, el PSOE -si quiere conseguir buena nota en esta nueva ley- se una a los grupos progresistas del Congreso y apoye las enmiendas que recogen el sentir mayoritario de amplios sectores de la comunidad educativa, y que son imprescindibles para una nueva Ley de Educación que apueste sin complejos por la educación pública, laica, democrática e inclusiva que necesitamos. Lo cual exige:
- Asegurar la suficiencia de la red pública de centros, mediante su extensión progresiva, para que pueda atender las necesidades de escolarización en todos los niveles educativos y cumplir así el mandato constitucional que, en su artículo 27.5, encomienda a los poderes públicos la obligación de garantizar el derecho de todos y todas a la educación mediante una programación general de la enseñanza y la creación de centros.
- Educación infantil. Hay que garantizar la dotación presupuestaria necesaria para la creación inmediata de muchas más plazas públicas de 0-3 años, dadas las acuciantes necesidades existentes. Y recuperar el carácter estrictamente educativo de TODA la etapa, sin dar un tratamiento diferente al primer ciclo (0-3 años), como se deriva de una enmienda al proyecto de ley inicial, que ha sido aprobada y que debe ser rectificada.
- Suelo público sólo para centros públicos. De momento, se ha aprobado la enmienda de Izquierda Unida, presentada a través del grupo parlamentario Unidas Podemos, que recoge esta justa reivindicación. Esperemos que no se dé marcha atrás en el resto del trámite parlamentario. Y que, a partir de ahora, quede prohibida la cesión de suelo público para la creación de centros privados concertados de antemano (como se ha venido haciendo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo), en lugar de destinarlo a la construcción de centros públicos, como exige el mandato constitucional.
- Establecer explícitamente el carácter subsidiario de los conciertos educativos, de modo que las enseñanzas concertadas solo se puedan mantener temporalmente cuando las necesidades de escolarización de una zona escolar de referencia no puedan ser atendidas por la red pública. Y limitar los conciertos, en su caso, a las enseñanzas obligatorias.
- Suprimir la libre elección de centro como supuesto ‘derecho’ y como criterio para la escolarización y planificación de la red de centros. No cabe aceptar, ni está constitucionalmente justificada, la equiparación del derecho universal a la educación con la manifestación de una preferencia particular, que puede atentar contra los criterios prioritarios que deben presidir la planificación educativa y una escolarización en condiciones de igualdad.
- Eliminar la religión en el sistema educativo. Y hasta que queden derogados los acuerdos con la Iglesia católica y otras confesiones, sacar la religión del horario lectivo. Solo así se podrá respetar el derecho a la libertad de conciencia del alumnado e impedir toda forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. Es además una anomalía seguir manteniendo una legión de catequistas en el sistema educativo, pagados con fondos públicos, que acceden a sus puestos por la mera voluntad del obispado de turno.
- Elección democrática de la dirección de centros por el consejo escolar y composición más equilibrada y democrática del mismo. Fue la LOE del PSOE la que sustituyó dicha elección por una forma de ‘selección’, que en última instancia queda en manos de la administración.
- Reducción de ratios. Máximo 20 escolares en enseñanzas obligatorias y 25 en postobligatorias. En educación infantil aplicación de las ratios recomendadas por la red de atención a la infancia de la Comisión Europea, bastante menores que las existentes actualmente. No se trata solo de reducir la ratio en tiempos de pandemia, sino de avanzar realmente en una educación más personalizada e inclusiva que permita responder a la diversidad del alumnado.
- Comisiones de escolarización permanentes y democráticas en todos los distritos escolares y no solo para escolarizar en segundo término a quienes se quedan fuera de lo solicitado, sino para evitar una escolarización ‘a la carta’ por parte de los centros (especialmente los concertados) y también como medio para garantizar y planificar una escolarización inclusiva y equitativa.
- Garantizar el cumplimiento estricto de la coeducación como principio educativo y de escolarización en todos los centros, etapas y aulas, de modo que quede taxativamente prohibido concertar o mantener el concierto con cualquier centro que separe al alumnado por razón de sexo, o discrimine por razón de creencias, origen cultural, económico, social…
- Avanzar en la creación del cuerpo unificado de profesorado y reducir drásticamente la interinidad, incorporando el compromiso de acordar con los sindicatos el Estatuto de la función docente tantas veces prometido.
- Eliminar la selectividad como prueba generalizada de acceso a la Universidad. El título de bachiller es el que acredita la formación necesaria para acceder a estudios superiores. Por tanto, sólo sería necesario algún tipo de prueba específica cuando no haya plazas públicas suficientes para atender todas las solicitudes que se presenten en determinadas carreras.
- Eliminar la repetición de curso en primaria y reforzar su carácter excepcional en secundaria, dotando de refuerzos y apoyos. Todos los estudios al respecto ponen de manifiesto que la repetición de curso (hacer otra vez lo mismo) no es una respuesta pedagógicamente adecuada, y mucho menos en la educación primaria.
- Eliminar las evaluaciones ‘censales’ (a todo el alumnado) y sustituirlas por evaluaciones periódicas muestrales (a una muestra significativa). Para hacer un diagnóstico del funcionamiento del sistema educativo que permita mejorarlo no son precisas ni convenientes evaluaciones a todo el alumnado de determinado nivel, que ya se realizan por su profesorado, sino a muestras significativas. Ello evita distorsiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el uso de perversos rankings de centros.
- Finalmente, para poder aplicar de forma realista las medidas anteriores, garantizar una financiación suficiente en educación, empezando por su equiparación, desde la entrada en vigor de la ley, con la media del PIB que destinan los países de la UE.
